Las convivir universitarias.
Los 1.900 asesinatos ocurridos en el último año en Medellín, ponen en evidencia la ineficiencia de la política de Seguridad Democrática del Presidente Uribe; el mismo fenómeno lo están padeciendo las otras ciudades, especialmente Cali, Bogotá, Barranquilla y Montería.
Para responder al estado de inseguridad, el gobierno se propone nombrar mil estudiantes universitarios en Medellín como informantes, “sapos”, involucrando la universidad en el conflicto.
La cabeza solo le produce ideas para intensificar medidas de represión, para lanzar cortinas de humo sobre las causas y no dejar al descubierto el fondo de los problemas que generan la violencia que son numerosos, de raíces históricas y de alcance estratégico, que producen insatisfacciones, descontento, protestas y búsquedas diversas de cómo resolverlos.
En el conflicto interno se dan expresiones sociales diversas, como salidas humanitarias, la lucha política y la lucha armada en búsqueda de cambios profundos, al tiempo se expresan la delincuencia común, el narcotráfico y la violencia intrafamiliar.
Contrariando estas evidencias, el gobierno de Uribe Vélez pretende resolver el conflicto negando su existencia, desnaturalizando sus expresiones con descalificaciones y campañas mediáticas saturadas de mentiras y represión brutal.
Esta vía es la predilecta de la oligarquía y imperialismo para evadir las soluciones reales a los problemas y evitar que se afecten sus intereses. Siempre han recurrido a diversos medios, legales e ilegales, para contener el descontento popular, desviar e impedir los cambios que el país requiere para beneficio de las futuras generaciones.
Una de las pruebas de tal práctica es la iniciada en la década de los ochenta del siglo pasado, cuando la élite dominante se alía con los capos del narcotráfico, se involucra en el negocio de la droga convirtiendo el país en la narco República actual, dejándolo bajo el imperio de la ley mafiosa, donde todo es válido; donde los principios, los valores éticos y humanistas desaparecen; donde el ascenso en la escala social y política se paga con dinero; donde las cuentas, desacuerdos y traiciones se cobran con sangre personal y del núcleo familiar.
Alianza macabra que profundizó la guerra sucia que se sigue viviendo a un costo altísimo de decenas de miles de valiosas vidas truncadas, de cerca de cinco millones de desplazados y seis millones de hectáreas de tierra robada a los campesinos y que la historia no olvida y recordará como una furiosa carnicería de la oligarquía y su Estado terrorista, huérfano de principios éticos y morales.
Oligarquía que organizó ejércitos privados, les entregó armas, concedió franquicia para enviar al mercado internacional miles de toneladas de cocaína para financiar los grupos narcoparamilitares destinados a aniquilar la guerrilla y el movimiento social, estructura que en poco tiempo cubrió el territorio nacional. Una de sus expresiones, las “Cooperativas Convivir” fueron impulsadas por el gobernador del Departamento de Antioquia en aquel entonces y hoy Presidente de la República, de la mano de sus amigos Salvatore Mancuso, Carlos Castaño Gil y generales como Rito Alejo del Río, entre otros.
En el mal llamado proceso de paz adelantado con los jefes narcoparamilitares y bajo las promesas de la Ley de Justicia y Paz, éstos se desmovilizaron y fueron extraditados a los Estados Unidos para que no hablaran. Una parte de los mandos medios que no se desmovilizaron continuaron en el negocio de la droga y aliados de la fuerza pública, otros regresaron a las ciudades organizados en supuestas cooperativas prestadoras de Seguridad, que son en realidad oficinas de sicariato y expendios de droga.
El Estado colombiano tiene la responsabilidad en este tipo de violencia donde los muertos los ponen los ciudadanos de a pie y los líderes sociales de la oposición.
Hoy Uribe repite la medicina que aplicó siendo gobernador: crear las “convivir”, con los estudiantes universitarios.
El pueblo debe rechazar la repetición de las Convivir como solución a la violencia y de manera especial los estudiantes deben condenar y rechazar que vinculen la universidad a esta tarea policiaca y exigir a los distintos candidatos que se pronuncien sobre los problemas de la violencia actual y como resolverlos.
En la campaña electoral de los candidatos a la Presidencia y al Parlamento, estos problemas y las soluciones no están en sus agendas; todos le rinden culto y hacen la promesa de defender la Política de Seguridad Democrática fracasada.
Oponerse con fuerza a la reelección de Uribe y abstenerse de votar el referendo reeleccionista.
NO IR A LAS URNAS el día de ésta votación.
Por un Nuevo Gobierno de Nación, Paz y Equidad
Ni un paso atrás…Liberación o Muerte
ELN de Colombia-- !De la Resistencia al Poder Popular!Frente InternacionalSistema Patria LibreELN de Colombia
Los 1.900 asesinatos ocurridos en el último año en Medellín, ponen en evidencia la ineficiencia de la política de Seguridad Democrática del Presidente Uribe; el mismo fenómeno lo están padeciendo las otras ciudades, especialmente Cali, Bogotá, Barranquilla y Montería.
Para responder al estado de inseguridad, el gobierno se propone nombrar mil estudiantes universitarios en Medellín como informantes, “sapos”, involucrando la universidad en el conflicto.
La cabeza solo le produce ideas para intensificar medidas de represión, para lanzar cortinas de humo sobre las causas y no dejar al descubierto el fondo de los problemas que generan la violencia que son numerosos, de raíces históricas y de alcance estratégico, que producen insatisfacciones, descontento, protestas y búsquedas diversas de cómo resolverlos.
En el conflicto interno se dan expresiones sociales diversas, como salidas humanitarias, la lucha política y la lucha armada en búsqueda de cambios profundos, al tiempo se expresan la delincuencia común, el narcotráfico y la violencia intrafamiliar.
Contrariando estas evidencias, el gobierno de Uribe Vélez pretende resolver el conflicto negando su existencia, desnaturalizando sus expresiones con descalificaciones y campañas mediáticas saturadas de mentiras y represión brutal.
Esta vía es la predilecta de la oligarquía y imperialismo para evadir las soluciones reales a los problemas y evitar que se afecten sus intereses. Siempre han recurrido a diversos medios, legales e ilegales, para contener el descontento popular, desviar e impedir los cambios que el país requiere para beneficio de las futuras generaciones.
Una de las pruebas de tal práctica es la iniciada en la década de los ochenta del siglo pasado, cuando la élite dominante se alía con los capos del narcotráfico, se involucra en el negocio de la droga convirtiendo el país en la narco República actual, dejándolo bajo el imperio de la ley mafiosa, donde todo es válido; donde los principios, los valores éticos y humanistas desaparecen; donde el ascenso en la escala social y política se paga con dinero; donde las cuentas, desacuerdos y traiciones se cobran con sangre personal y del núcleo familiar.
Alianza macabra que profundizó la guerra sucia que se sigue viviendo a un costo altísimo de decenas de miles de valiosas vidas truncadas, de cerca de cinco millones de desplazados y seis millones de hectáreas de tierra robada a los campesinos y que la historia no olvida y recordará como una furiosa carnicería de la oligarquía y su Estado terrorista, huérfano de principios éticos y morales.
Oligarquía que organizó ejércitos privados, les entregó armas, concedió franquicia para enviar al mercado internacional miles de toneladas de cocaína para financiar los grupos narcoparamilitares destinados a aniquilar la guerrilla y el movimiento social, estructura que en poco tiempo cubrió el territorio nacional. Una de sus expresiones, las “Cooperativas Convivir” fueron impulsadas por el gobernador del Departamento de Antioquia en aquel entonces y hoy Presidente de la República, de la mano de sus amigos Salvatore Mancuso, Carlos Castaño Gil y generales como Rito Alejo del Río, entre otros.
En el mal llamado proceso de paz adelantado con los jefes narcoparamilitares y bajo las promesas de la Ley de Justicia y Paz, éstos se desmovilizaron y fueron extraditados a los Estados Unidos para que no hablaran. Una parte de los mandos medios que no se desmovilizaron continuaron en el negocio de la droga y aliados de la fuerza pública, otros regresaron a las ciudades organizados en supuestas cooperativas prestadoras de Seguridad, que son en realidad oficinas de sicariato y expendios de droga.
El Estado colombiano tiene la responsabilidad en este tipo de violencia donde los muertos los ponen los ciudadanos de a pie y los líderes sociales de la oposición.
Hoy Uribe repite la medicina que aplicó siendo gobernador: crear las “convivir”, con los estudiantes universitarios.
El pueblo debe rechazar la repetición de las Convivir como solución a la violencia y de manera especial los estudiantes deben condenar y rechazar que vinculen la universidad a esta tarea policiaca y exigir a los distintos candidatos que se pronuncien sobre los problemas de la violencia actual y como resolverlos.
En la campaña electoral de los candidatos a la Presidencia y al Parlamento, estos problemas y las soluciones no están en sus agendas; todos le rinden culto y hacen la promesa de defender la Política de Seguridad Democrática fracasada.
Oponerse con fuerza a la reelección de Uribe y abstenerse de votar el referendo reeleccionista.
NO IR A LAS URNAS el día de ésta votación.
Por un Nuevo Gobierno de Nación, Paz y Equidad
Ni un paso atrás…Liberación o Muerte
ELN de Colombia-- !De la Resistencia al Poder Popular!Frente InternacionalSistema Patria LibreELN de Colombia
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